Alberto Samuel Soria Arze
EL PRONUNCIAMIENTO MILITAR DEL 4 DE FEBRERO DE 1992 EN VENEZUELA Y SUS CONSECUENCIAS
Venezuela había sido el país de América del Sur con mayor estabilidad gubernamental en los pasados 30 años. Al punto que se la presentaba como el ejemplo a seguir, se constituía per se como un factor de estabilidad, de soporte a las democracias en los otros países, y de líder en la lucha por el sostenimiento de los gobiernos constitucionales, ante intentos fracasados o exitosos de golpes militares en la región.
Sin embargo, en los últimos años, este panorama sustentado fundamentalmente por una considerable renta petrolera redistribuida -así sea de manera no proporcional- entre los diferentes sectores de la población, se fue modificando y quedando cada vez más en apariencia. La élite política, empresarial, sindical y militar gobernante parecía no percatarse de los cambios acaecidos en la sociedad venezolana, y de la posibilidad de irrupción de las fuerzas armadas en la arena política de manera directa, a pesar de que voces autorizadas iban presagiando la posibilidad y realidad de pronunciamientos militares, particularmente después del 27 de febrero de 1989, ocasión en que la furia popular se desbocó en la ciudad capital y amenazó con echar por tierra al sistema.
El detonante del hecho fue el anuncio y el comienzo de la implementación del así llamado popularmente "paquete económico" -recetario del Fondo Monetario Internacional para el reordenamiento de la economía de acuerdo a sus lineamientos, que tienden a asegurar el pago de la deuda externa y el mantenimiento de las relaciones financieras internacionales.
Su efectivización en los tres años del actual gobierno, ocasionó un franco deterioro del nivel de vida de la población, particularmente de las capas medias y de los trabajadores y de sus expectativas, a la par que acrecentó la corrupción y la concentración cada vez mayor de la riqueza y del poder en círculos restringidos de los estamentos político, económico y militar, lo que trajo como resultado un descontento generalizado de la población y un divorcio de ella con las instancias del poder.
Este descenso del nivel de vida y el descontento generalizado se hizo también patente en el seno de las fuerzas armadas, amén de que en su interior se producía un proceso de diferenciación entre sectores marcados por grados, jerarquías, vinculaciones a los círculos de poder económico y político, su participación o no en las componendas políticas y actos de corrupción, y respecto del papel que debían cumplir las fuerzas armadas en el mantenimiento del régimen y concretamente del gobierno y su modelo económico.
Se señalaba por uno de los sectores, que las fuerzas armadas no pueden servir para reprimir al pueblo, como ocurrió del 27 de febrero al 2 de marzo de 1989, y que por el contrario ellos debían ser los intérpretes de las angustias populares y canalizarlas mediante los cambios necesarios, incluyendo el cambio de gobierno hacia los objetivos nacionales de fortalecimiento y potenciamiento del país. Esta corriente estaba y está constituída fundamentalmente por la oficialidad de los grados de Teniente Coronel o Subteniente en el Ejército y los correspondientes en las otras fuerzas.
El otro sector, constituído principalmente por el generalato, vinculó su suerte y su papel al régimen y al modelo imperante y, por consiguiente, a su defensa a ultranza.
En el comportamiento de las Fuerzas Armadas y fundamentalmente del Ejército influyó indudablemente el contenido de la Agenda Bush, los planes y el comportamiento efectivo del Gobierno norteamericano en relación con ellas: la de reducir su significación e importancia y su intención de convertirlas -en lo fundamental- en fuerzas de tipo policial para el control del narcotráfico.
El proceso de descontento de importantes sectores de las Fuerzas Armadas fue gestándose a lo largo de los años, incluso el actual Presidente, agudizándose cada vez más, y no pudo ser frenado por las concesiones económicas que a última hora les hizo el Gobierno.
En la noche del 3 al 4 de febrero del presente año, un porcentaje considerable del Ejército venezolano, y en menor proporción de otras Fuerzas, se alzaron en contra del Gobierno, y si bien no lograron su cometido de hacerse del poder, por factores de orden propiamente militar, la desfavorable coyuntura internacional y particularmente por su deficiente coordinación con sectores claves de la sociedad civil, el hecho en sí desencadenó fuerzas sociles que después del 27 de febrero de 1989 se encontraban reprimidas pero latentes a la espera de su manifestación ante una situación desencadenante, la cual se presenta durante y después de la intentona militar.
Los más variados y diferentes sectores de la población que habían sido y son afectados por el modelo ecoonómico implementado, la concentración del poder, la ausencia de justicia y la corrupción desenfrenada, así como la falta de participación política, manifestaron, en las más variadas formas incluyendo los cacerolazos del 27 de febrero y especialmente del 10 de marzo, su repudio al orden de cosas existente, al Gobierno en sus diferentes órganos, a su polítioca económica, a la corrupción y a todo lo que representaba el régimen, exigiendo cambios radicales que van desde la renuncia del Presidente, Congresistas, Corte Suprema de Justicia, etc., hasta el referéndum y la convocatoria a la Asamblea Constituyente que establezca las bases de la nueva sociedad y del Estado y una modificación inmediata de su política económica. En este escenario se dio y se da una situación aparentemente paradójica, donde los golpistas y especialmente su líder, son considerados héroes populares.
De ahí por qué se señala que si bien el intento golpista fracasó militarmente, su éxito político a posteriori, cuando menos en el corto plazo, es evidente. Se dice incluso que ahora, ante las escasas rectificaciones gubernamentales y de los partidos políticos, al permanecer las condiciones que condujeron a la asonada aún presentes, seguirían estando vigentes las causas para un pronunciamiento militar que podría darse en el futuro, o también que el sector comprometido con el régimen se imponga y decida mantenerlo y solo actúe copando el gobierno cuando no tenga otra alternativa para sostener tal régimen.
Una u otra alternativa significarán sacrificios y sangre al país. En un caso si se impone el sector que adversa al régimen y actúe hasta sus últimas consecuencias, si bien tandrá el apoyo popular, el gobierno que pueda surgir, deberá enfrentar todo tipo de presiones de los centros del poder internacional, de los Estados Unidos en concreto, y dl sector empresarial interno en sus altos niveles en caso de que modificase sustancialmente la actual política económica que los beneficia. En la alternativa de continuar el Gobierno con su política vigente y su actuar presente, el descontento se irá haciendo cada vez mayor y el peligro de explosión social también, en un escenario que pueda ser liderado por un importante sector de las Fuerzas Armadas.
El otro escenario, sería que el generalato y el sector militar y civil que lo apoya se haga del poder con miras a salvar al régimen de su caída, y continuar a ultranza la actual política económica. La represión social, en caso de triunfar esta alternativa, sería de grandes proporciones. Finalmente cabría la alternativa que continúe el actual régimen produciéndose leves cambios en el actuar y comportamiento de las élites políticas, empresariales, sindicales y militares, cosa que por cierto no desactivaría la explosiva situación presente, por lo que tendrían aún dentro de esta alternativa que producirse necesariamente cambios que permitan avanzar hacia un régimen democrático más participativo y a una mejora de la situación de la mayoría de la población del país.
El panorama continúa tenso, las contradicciones sociales siguen acumulándose y el desenlace está por venir.
Como parte de este breve análisis es necesario destacar que lo acaecido en Venezuela tendrá indudable influencia en el comportamiento y actuar de las instituciones armadas del área y consiguientemente en el futuro de sus países, por una serie de razones -entre ellas las que indicamos al inicio-, amén de su posición geográfica, su producción y potencial petrolero, su significación en el área, y el prestigio y el nivel profesional militar y en otras áreas de sus Fuerzas Armadas y concretamente de su Ejército, así como por su posición de defensa de los valores nacionales, su soberanía, su cultura, tradiciones, historia, costumbres, etc. como de ser el freno que dificulta la penetración total y avasallamiento de su país por fuerzas extranjeras, económico-financieras, etc, provocando la ira de éstas y de sus gobiernos, posición que es compartida en gran manera por las Fuerzas Armadas de varios países de América Latina.
De ahí por qué es posible señalar que a pesar y más bien en razón de los cambios acaecidos en el escenario internacional, los procesos de democratización en los países de América Latina, en el marco del modelo económico, político y social actual, no se ha consolidado y prosigue la búsqueda de otros modelos que desemboquen en una democracia de real y efectiva participación popular, que permita una mejor distribución de la riqueza generada y se pueda alcanzar justicia.
En este proceso, importante y especial participación tendrán las Fuerzas Armadas de dichos países. El ejemplo de lo acaecido en Venezuela en febrero de 1989 y febrero y marzo de 1992, indudablemente ejercerá influencia en el actuar de las instituciones armadas de los otros países de América Latina, según las particulares situaciones que en ellos se presenten, y en contra de lo previsto, cuando menos hasta no hace mucho, en esas sociedades y Estados el papel de las Fuerzas Armadas como actores sociales y políticos en los próximos años se incrementará, y su opinión, sentir y actuar deberá necesariamente tomarse en cuenta, y tendrá, en muchos casos, carácter decisivo como conductor social, en la conformación y desarrollo de las sociedades y Estados de dichos países.