APORTES A UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD HEMISFERICA -
SEGURIDAD COOPERATIVA
Documento preparado por el Presidente de la Comisión Especial sobre
Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Embajador Representante Permanente de la República Argentina,
Hernán M. Patiño Mayer, en mayo de 1993.
1. Al adoptar el compromiso de Santiago, en 1991, los Estados Miembros de la OEA manifestaron su decisión de iniciar un proceso de consulta sobre seguridad hemisférica, a la luz de las nuevas circunstancias regionales y mundiales, desde una perspectiva actualizada e integral de la seguridad y el desarme.
2. Con tal propósito, en 1992, la XXII Asamblea General tras recibir el informe del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Hemisférica, aprobó las Resoluciones AG/RES 1179/1180 (XXII-0-92) que encomendaron al Consejo Permanente continuar el tratamiento de la Agenda de Cooperación para la Seguridad Hemisférica y la creación de una Comisión Especial con tal propósito.
3. Si bien esta manifestación de voluntad de los Estados miembros constituye una fuente de renovado vigor para esta tarea, estamos convencidos de que para alcanzar resultados satisfactorios debemos enfrentar los desafíos que exigen las nuevas circunstancias con una actitud mental renovada que eludiendo preconceptos y superando errores del pasado, permita a la OEA asumir el rol que le corresponde en su condición de máximo foro político hemisférico.
4. El fin de la guerra fría y del conflicto ideológico pusieron en evidencia la crisis y obsolescencia del Sistema Hemisférico de Seguridad. Sistema diseñado a la medida de conflictos estabilizantes que hizo crisis cuando éstos concluyeron dando lugar a la aparición simultánea de la incertidumbre, la inestabilidad y la oportunidad.
5. Recordemos que durante esas décadas, en nuestra región, la seguridad colectiva fue definida, y de alguna manera impuesta, de conformidad con la percepción que la potencia hemisférica tenía de las amenazas y la agresión, en el marco de los conflictos globales. Es decir que durante años la seguridad colectiva regional estuvo subordinada a una perspectiva unilateral o al menos a una concepción no necesariamente consensuada y coordinada.
6. Conceptos más o menos rígidos de amenazas e hipótesis de conflicto o de guerra presidían el funcionamiento de cualquier organismo o sistema institucional vinculado con la seguridad colectiva, aso-ciando estos conceptos a la preparación o utilización de los instrumentos militares. En síntesis, una visión "militarizada" de la seguridad, sostenida sobre conceptos relativamente estáticos y permanentes.
7. Concluída la Segunda Guerra Mundial, valores esenciales para el resto de la comunidad regional tales como la consolidación de la democracia, el desarrollo económico y social, la actuación de las organizaciones regionales y el rol profesional de las instituciones militares fueron relegados, ponderados o diseñados en función de la evolución y necesidades planteadas por el conflicto este-oeste.
8. En la actualidad, podríamos decir que aquel sistema de seguridad hemisférica se encuentra reducido a su mínima expresión, particularmente si consideramos que están en plena revisión los tradicionales conceptos que daban sustento a alianzas o sistemas de seguridad, basados en amenazas e hipótesis de conflicto predeterminadas y de carácter más o menos permanente.
9. En materia de seguridad nos encontramos en una etapa de transición, que contiene en sí misma el riesgo y la oportunidad y que nos demanda el esfuerzo de formular conceptos aptos para cabalgar sobre circunstancias no necesariamente previsibles y que en muchos casos habrán de superar la tradicional visión militar de la cuestión.
10. Deseo destacar que el presente trabajo no tiene otro objetivo que el de aportar, desde la presidencia de la comisión, a la reflexión y el debate de las delegaciones. No se trata más que de un conjunto de ideas destinado a encauzar y desarrollar nuestras tareas, habida cuenta de la amplitud y complejidad del tema que nos ocupa.
I. El concepto de seguridad
11. Estimamos metodológicamente conveniente que aunque sea provisionalmente aportemos algunas definiciones, razón por la cual y a los efectos del presente documento, por seguridad entenderemos aquella situación que en cualquier ámbito posibilita el ejercicio de las propias capacidades, a pesar de la existencia de acciones o situaciones antagónicas y que, además, supone la capacidad para enfrentar o disuadir la agresión o para reducir la vulnerabilidad frente a la misma.
12. Permítanme aclarar que si bien en términos ideales la seguridad de las naciones ha sido definida como una situación de ausencia de amenazas reales a la capacidad de gobernar, proteger y desarrollar a un Estado y a su pueblo, dado que en la realidad las situaciones de riesgo -sean efectivas o potenciales- siempre están presentes, estimamos que la seguridad podría calificarse por el grado de vulnerabilidad de un Estado frente a tales amenazas.
13. El concepto de defensa, por su parte, tiene un carácter dinámico y se lo define como un conjunto de medidas y acciones destinadas a enfrentar distinto tipo de situaciones de riesgos potenciales o efectivos o a reducir la vulnerabilidad ante las mismas.
14. Por su parte, la noción de seguridad colectiva presupone que determinadas preocupaciones de seguridad de todos los Estados Miembros del Sistema son consideradas como legítimas, lo que significa que la seguridad de cada miembro es garantizada por todos, con los mecanismos acordados. Incluso podría decirse que el concepto de seguridad colectiva reposa en la noción simplificante de todos contra uno.
15. Esta noción distingue como sus elementos la existencia de una comunidad de Estados que, a partir de valores e intereses compartidos, expresa la decisión común de protegerlos y enfrentar las situaciones antagónicas y las agresiones que pudieran afectarlos, cualquiera sea el origen del que provengan.
16. A la luz de los antecedentes citados podría afirmarse que la instauración de un nuevo Sistema de Seguridad Hemisférico presupone previamente convenir sobre:
- La existencia de valores e intereses compartidos.
- La voluntad común de protegerlos y de prevenir colectivamente las situacioones que puedan derivar en agresiones contra dichos valores e intereses.
- La voluntad de enfrentar colectivamente dichas situaciones.
17. Desde esta perspectiva una aproximación al tema de la seguridad hemisférica exigiría como primer paso que acordemos en torno a la existencia de valores e intereses compartidos por la región.
18. Estamos convencidos de que el mantenimiento de la paz, la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento y la consolidación de los regímenes democráticos, el desarrollo económico y social de los Estados miembros y la generación de mecanismos cada vez más eficaces de integración hemisférica, son claros ejemplos de valores e intereses compartidos e interactuantes.
19. Debemos ser conscientes de que toda propuesta encaminada al establecimiento de un sistema de seguridad hemisférica deberá ser compatible y procurar conciliar los intereses de la potencia regional y los de los restantes Estados, que deben encontrar en el sistema un camino útil para la promoción, consolidación y difusión de esos valores compartidos.
20. Por lo dicho, y a pesar de la asimetría que existe en nuestro continente entre los EE.UU. y el resto de la región no descartamos la existencia de intereses compartidos, de un mínimo común denominador axiológico, que como patrimonio colectivo puede servir de fundamento a un Sistema Hemisférico de seguridad.
21. Creemos que la definición de ese patrimonio colectivo exige la utilización de los mecanismos políticos multilaterales que contribuyen, en ese terreno, a superar las disparidades existentes en términos de poderío material.
22. Una segunda etapa incluiría la identificación de aquellas situaciones que puedan atentar contra dichos valores y el diseño de mecanismos de prevención y reacción adecuados.
23. En tal sentido, el proceso de democratización regional reiniciado a fines de los años 70 y actualmente en vías de consolidación presenta, en algunos casos, signos de debilidad que deben ser prioritariamente atendidos para evitar males aún mayores.
24. Cuestiones tales como la pobreza extrema, el crecimiento desenfrenado de la población, la inequitativa distribución de la riqueza, las barreras al libre comercio, los daños ambientales, el narcotráfico, el terrorismo, la acumulación de armamentos, la proliferación de armas de destrucción masiva, deben quedar necesariamente incorporados en los esfuerzos que pueda emprender la organización para fortalecer la cooperación para la seguridad hemisférica.
25. Una tercera etapa nos llevaría a procurar alcanzar acuerdos sobre las medidas de acción colectiva tendientes a prevenir y, en su caso, neutralizar esas situaciones de riesgo.
26. Al respecto, si bien reconocemos que las responsabilidades primarias de la seguridad y defensa recaen en la decisión de los Estados en pleno ejercicio de su soberanía, no podemos dejar de reconocer que en un mundo interdependiente, las situaciones de riesgo y agresión cada vez más pueden afectar, de un modo u otro, a la totalidad de los integrantes de la comunidad internacional.
27. Una visión integrada de la seguridad regional debiera reordenarse a partir de esquemas de integración y cooperación, replanteando el carácter clásico de alianza militar ofensivo-defensiva que tuvo hasta el presente.
28. Por su parte, el componente militar deberá insertarse en este concepto integral de seguridad que procura reflejar la cambiante realidad internacional, dirigiendo sus doctrinas y acciones a aquellas áreas que por su naturaleza puedan exigir el uso de la fuerza o el aprovechamiento de las capacidades técnicas y logísticas derivadas.
29. Permítanme esbozar un catálogo meramente enumerativo de algunas de esas medidas que servirían al fortalecimiento de la seguridad hemisférica:
- Fortalecer la capacidad política de la organización regional, definiendo en coordinación con la organización mundial, el papel que le corresponde en la promoción de la paz y seguridad internacionales.
- Respaldar y fortalecer los procesos de integración regionales y subregionales.
- Reiterar el compromiso con la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros y, en su caso, revisar los instrumentos regionales sobre la materia.
- Promover las políticas de control y limitación de armamentos en el ámbito regional.
- Impedir todas las formas de proliferación de armamentos de destrucción masiva.
- Intercambiar información sobre las políticas, leyes y procedimientos que rigen la transferencia de armas convencionales.
- Fomentar el intercambio de información y personal entre las fuerzas armadas con el fin de fomentar la confianza y el mejoramiento de los canales de comunicación entre ellas.
- Promover el mejoramiento de los instrumentos de cooperación técnica y económica orientados a erradicar las situaciones de pobreza extrema en la región.
- Promover las acciones conjuntas en temas como la asistencia en casos de dessastre, el fortalecimiento institucional y estructural de los Estados más vulnerables.
- Armonizar políticas, intercambiar información y fomentar la consulta y cooperación en materias como la liberalización del comercio, la preservación del medio ambiente y la lucha contra el narcotráfico.
30. Esta enumeración de medidas que seguramente será enriquecida y precisada en el curso de nuestros trabajos en modo alguno pretende agotar las alternativas de acción en materia de cooperación para la seguridad hemisférica.
31. Cabría ahora preguntarse acerca de los mecanismos o medios de implementación de estas medidas.
32. Al respecto, podría evaluarse la conveniencia de crear un foro del más alto nivel político-técnico para el diálogo regional en temas de seguridad tales como prevención de conflictos, no proliferación, medidas de confianza mutua, condiciones de acceso a mercancías y tecnologías de uso dual, acumulación excesiva de armamentos, profesionalización y capacitación de las fuerzas armadas, es decir, sobre temas que atañen a la seguridad de la región y que, por sus aspectos especializados, ameritan el establecimiento de un ámbito propio de discusión.
33. Reuniones periódicas de Ministros de Defensa de la región contribuirían a dar coherencia definitiva a un sistema que durante décadas osciló entre la indefinición y la ineficiencia.
34. Es innegable que el concepto de seguridad hemisférica se encuentra en estado de transición en el cual si bien los postulados del pasado han sido abandonados, nuevas actitudes capaces de generar un consenso más amplio aún no se han consolidado. Estimamos que nuestra tarea consiste en sentar los principios, armonizar los acuerdos, profundizar la cooperación; en resumen, construir las bases de un nuevo sistema hemisférico de seguridad.
II. La dimensión militar de la seguridad hemisférica
35. El fin de la guerra fría ha favorecido, en lo relativo a la dimensión estrictamente militar de la seguridad, una aproximación más constructiva a la misma a través del desarrollo de la noción de seguridad cooperativa (aplicable también a los aspectos no militares) que podría llegar a reemplazar a la tradicional concepción de la seguridad colectiva.
36. El objetivo de la llamada seguridad cooperativa sería evitar los conflictos, principalmente, a través de la implementación de medidas preventivas que inhiban la capacidad y el potencial de agresión.
37. A diferencia de la seguridad colectiva que prevee la respuesta a la agresión y su derrota, la seguridad cooperativa aspira a la indefinida prevención de la misma.
38. Su objetivo no es, por cierto, la utópica erradicación de las guerras, la supresión de los armamentos o la eliminación de las fuerzas armadas, sino más bien arbitrar los medios para reducir colectivamente las posibilidades y alcance de eventuales agresiones.
39. Esta concepción de la seguridad presupone como punto de partida el acuerdo sobre las tareas prioritarias de las fuerzas armadas nacionales, a saber, la defensa del territorio y la participación en fuerzas multinacionales para el mantenimiento o restauración de la paz. (Existen tareas secundarias o excepcionales que en tanto se mantengan como tales y se desarrollen en los marcos jurídico constitucionales correspondientes, no afectarían la identidad esencial de las instituciones militares; por ejemplo: antiterrorismo-lucha contra el narcotráfico-acción social-educativa-infraestructura).
40. Ahora bien, la aceptación de esta premisa nos conduciría a significativas conclusiones sobre la estructura, despliegue y dimensión de las fuerzas armadas nacionales y, quizás, nos permitiría coincidir sobre algunos de los elementos que componen este nuevo concepto, entre otros:
- Desnuclearización y eliminación de las armas de destrucción masiva: Pese a los acuerdos alcanzados en tiempos de guerra fría entre ambas potencias y a los avances posteriores a su finalización, las transformaciones que definieron en la desintegración de la Unión Soviética han traído aparejadas, paradójicamente, el riesgo de dispersión del arsenal nuclear y de la proliferación descontrolada. Podríamos afirmar que la reducción de arsenales, el desmantelamiento de las plantas, el reforzamiento de las medidas de seguridad sobre las armas existentes y la profundización de los acuerdos de no proliferación son elementos indispensables al abordar este problema.
- Configuración defensiva y dimensión de las fuerzas armadas: Si coincidimos en que una de las razones de ser de las fuerzas armadas nacionales es la defensa del propio territorio deberíamos concluir que las mismas deberían ser diseñadas de modo tal que se les permitiera lograr con eficacia ese objetivo, en un marco de creciente confianza y cooperación con los países de la región. Incremento de los niveles de profesionalización acorde con los requerimientos de las nuevas tecnologías; incremento de la capacitación en áreas no estrictamente militares; reducción de sus dimensiones en favor de mayores niveles de versatilidad, flexibilidad y movilidad; podrían ser algunas de las pautas de reestructuración de las fuerzas militares nacionales. Debería agregarse la capacitación de unidades para su integración en fuerzas multinacionales.
Es por ello, que el intercambio de información y las medidas de confianza mutua parecieran ser una salida viable a la cuestión, tanto en lo que se refiere al diseño de los respectivos sistemas de defensa como en lo relativo a la optimización del nivel de profesionalización de las fuerzas armadas.
- Participación en la respuesta internacional organizada a la agresión: Un aspecto esencial de la seguridad cooperativa es la capacidad de organizar fuerzas multinacionales para enfrentar la agresión, si ésta sucediera.
En un esquema de seguridad cooperativa, el uso de fuerzas multinacionales es el último recurso a ser empleado cuando todas las medidas preventivas o coercitivas han resultado ineficaces. El compromiso asumido por los miembros en el sentido de integrarse a tales fuerzas cuando la situación lo requiera brinda eficacia y credibilidad al sistema, contribuyendo a la prevención y disuasión.
- Acuerdos sobre salvaguardias y verificación de desarrollos tecnológicos militares: Suele decirse que la indiscriminada difusión del conocimiento tecnológico es responsable de la proliferación descontrolada de armamentos que ha motivado algunos de los más graves conflictos ocurridos en los últimos tiempos. No obstante la cuota de veracidad de esta afirmación, no creemos que la solución resida en restringir a unos pocos el acceso al desarrollo tecnológico sino más bien acordar sobre las condiciones equitativas de acceso y de salvaguardas.
Vale la pena agregar que en la mayoría de los casos en que la posesión de sistemas de armas tecnológicamente avanzados o de armas de destrucción masiva han resultado en riesgos o agresiones a la seguridad internacional, estos hechos han estado asociados a la vigencia de regímenes no democráticos, por lo que nos permitimos insistir, una vez más, en la íntima relación que existe entre institucionalidad democrática, desarrollo y seguridad.
- Transparencia en las transferencias de armamentos: La implementación de esta medida exige el acuerdo en reglamentar el monitoreo de los programas de equipamiento, desarrollos tecnológico-militares, ventas de armamentos y exportación de tecnología de uso dual. La creación de un registro internacional de tales operaciones constituye un primer paso en el logro de este objetivo. La posesión de esa información por parte de la organización regional ayudaría a focalizar la atención política continental sobre esta cuestión.
- Generación de medidas de confianza mutua: La generación de medidas de confianza mutua y el avance de los diseños de cooperación servirán para descartar definitivamente cualquier hipótesis de conflicto regional.
Los avances logrados en este terreno en el espacio europeo entre tradicionales adversarios y enemigos (CSCE) podrían ser analizados a fin de evaluar su eventual adecuación a nuestra realidad regional.
41. En síntesis, resulta a nuestro juicio imprescindible avanzar en el campo de la cooperación dado que, tal como ya lo señaláramos, el fin de la guerra fría, lejos de clausurar la existencia de situaciones que puedan afectar la seguridad internacional, ha ampliado los focos de inestabilidad y recreado situaciones de conflicto que durante décadas fueron postergadas por la confrontación bipolar.
42. América, que en materia de conflicto bélico entre Estados se exhibe como una de las regiones más pacíficas del planeta, se enfrenta no sólo con la oportunidad de consolidar sus propios antecedentes, sino también de participar en el diseño de un sistema de seguridad internacional que se sustente también en el sistema de valores compartido por el hemisferio.
III. Las relaciones cívico-militares
43. La definición de la relación entre el poder político y las fuerzas armadas es un componente esencial en la agenda de seguridad regional.
Si bien podría sostenerse que dicha definición es un asunto propio de la esfera interna de los Estados, sus consecuencias trascienden el ámbito en que esta definición debe producirse.
44. Precisamente, la indefinición de dicha relación se ha manifestado en forma recurrente en la inestabilidad política de gran parte de nuestro continente e incluso en conflictos entre Estados de la región, amenazando de este modo valores esenciales del sistema interamericano como la democracia y la paz.
45. El origen de esta indefinición reconoce una multiplicidad causal que si bien permite detectar ciertos patrones comunes a la mayoría de las realidades regionales, revela la existencia de particularidades propias e intransferibles que son resultado de la evaluación histórica de cada país.
46. De allí que quizás resulte sumamente impreciso y probablemente poco práctico el abordaje de la cuestión desde la descripción de una causalidad común al fenómeno, siendo preferible partir de la aceptación generalizada de un modelo de relacionamiento cívico-militar compatible con la estabilidad político-institucional democrática y con la consolidación de la paz y la seguridad hemisféricas.
47. En tal sentido, uno de los modos de relacionamiento de más generalizada aceptación es el que establece que las instituciones militares son un instrumento del poder estatal, y por ende, se subordina al gobierno constitucional elegido para la conducción temporal del Estado. Más sintéticamente, lo expresado podría plasmarse en el principio de subordinación del instrumento militar al poder político emanado de la voluntad popular.
48. Este relacionamiento presupone pasar del formalismo institucional a una institucionalidad real que exige un replanteo del rol de la dirigencia política, poco proclive en el pasado a asumir con plenitud la conducción del instrumento militar.
49. En tal sentido, puede afirmarse que la indefinición se ha evidenciado más en el terreno práctico que en el normativo, desde que la mayoría de los textos constitucionales del continente establece la subordinación de las FF.AA. al poder político constitucional.
50. Es en el terreno práctico donde se ha dado una autodefinición de funciones y responsabilidades y la desvalorización de la capacidad de la dirigencia política para asumir la conducción eficiente de la temática militar.
51. El marco de institucionalidad real que proponemos supone básicamente y teniendo en cuenta, especialmente, la necesidad de superar definitivamente situaciones traumáticas por las que han pasado varios países de la región:
- Determinación por parte del sistema ins-titucional de las responsabilidades que son competencia del instrumento militar;
- Promoción del reconocimiento social de las fuerzas armadas como una institución del Estado democrático, acorde con las responsabilidades que la misma sociedad a través del sistema institucional les ha asignado;
- Fijación precisa por parte del poder político de las competencias que son propias de las fuerzas armadas y asignación de los medios que, teniendo en cuenta las posibilidades económicas de cada Estado, permitan el más eficaz cumplimiento de sus responsabilidades.
52. Con el fin de la guerra fría se ha caído, en algunos centros formadores de opinión en esta materia, en la tentación de orientar la labor de las fuerzas armadas de buena parte de los países de la región al cumplimiento prioritario de tareas policiales o de seguridad lo que, de un modo u otro, conduciría a la desaparición de las instituciones militares.
Esta concepción reconoce sus antecedentes en aquellas doctrinas que en el pasado promovieron la participación activa de las fuerzas armadas en conflictos de orden interno con la consiguiente intervención en la vida política de nuestros países.
Cabe subrayar que una muy particular visión de la defensa de la democracia brinda sustento a ambas fundamentaciones.
53. En tal sentido, podemos afirmar que la intervención de las fuerzas armadas en la política interna de los Estados o la asunción con carácter permanente de funciones policiales o de seguridad han debilitado sensiblemente su capacidad profesional quebrando la verticalidad y la unidad que son indispensables para el éxito de las operaciones de guerra.
54. Por el contrario, es nuestra opinión que la mejor forma de integrar definitivamente a las fuerzas armadas a los sistemas democráticos reside en asignarles responsabilidades y misiones estrictamente circunscritas al rol tradicionalmente asignado a las fuerzas militares. Sin que esto signifique desconocer que en circunstancias extremas y por lo tanto excepcionales las autoridades constitucionales podrían verse obligadas a utilizar sus fuerzas armadas para neutralizar agresiones no tradicionales.
55. En cuanto a las tareas estrictamente militares se mantiene, a nuestro juicio, plenamente vigente la de defensa de la soberanía territorial en respuesta a la agresión externa a la que se suma, incentivada por las nuevas circunstancias internacionales, la participación en fuerzas multinacionales de paz y seguridad.
56. En tanto que hoy más que nunca la sobe-ranía nacional supera el concepto de soberanía territorial para extenderse a campos tales como finanzas, comercio, tecnología, comunicaciones, etc, debemos subrayar que su consolidación se expresa fundamentalmente a través de la política exterior del Estado, siendo las fuerzas armadas el instrumento militar de la política exterior.
57. Valdría la pena reflexionar, en lo que a la defensa de la soberanía nacional concierne, acerca de los procesos de integración y cooperación como medios más aptos y eficaces para la defensa de la soberanía de los Estados involucrados. A nuestro juicio estos procesos son condición indispensable para que nuestros pueblos alcancen niveles de soberanía efectiva en un mundo cada vez más inter-dependiente.
58. Tal cual lo adelantáramos al abordar el tema de la seguridad cooperativa, una de las misiones que nuestros Estados pueden asignar a sus fuerzas armadas es la de encontrarse en condiciones de participar en esfuerzos multinacionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad.
59. Dicha tarea, si bien no es novedosa, reco-noce en la actualidad un incremento numérico debido a que la globalización de la política internacional hace que ningún conflicto pueda considerarse totalmente ajeno a la seguridad de los Estados, y un incremento cualitativo dado que se encuentran en plena revisión los procesos de mantenimiento de la paz que hoy incluyen, entre otros, la actuación en conflictos internos cuando ellos pongan en peligro la paz y seguridad internacionales, la asistencia humanitaria y la participación en procesos de reconstrucción institucional.
60. Creemos en fin que es de enorme amplitud el campo que se abre en materia de relaciones cívico-militares y estamos convencidos también que desde el ámbito regional y a través de la cooperación entre nuestros Estados podremos efectuar significativos aportes a la tarea de reactualizar el rol de las instituciones militares en el marco de la institucionalidad democrática y la vocación pacífica de nuestro continente.
IV. La Junta Interamericana de Defensa
61. Buena parte de las tareas de esta Comisión Especial durante el período 92/93 han sido dedicadas, en cumplimiento de lo resuelto en la Asamblea General de Bahamas, a la elaboración de propuestas tendientes a precisar el vínculo jurídico existente entre la Junta Interamericana de Defensa y la OEA.
62. La presidencia ha considerado, con la coo-peración de varias delegaciones, y tal cual se refleja en el proyecto de resolución oportunamente puesto a consideración de esta Comisión, la conveniencia de definir a la Junta Interamericana de Defensa como entidad de la OEA, dentro de las opciones presentadas por los distintos estudios preparados al efecto.
63. Ha sido a los efectos de avanzar en la búsqueda de los niveles de consenso que la importancia de la cuestión requiere, y en el acuerdo de que la definición del vínculo jurídico debería estar acompañada por estudios sobre el funcionamiento y misiones de la Junta, que hemos introducido un nuevo proyecto de resolución que esperamos satisfaga, al menos parcialmente, las expectativas creadas en torno a nuestros trabajos.
64. Concluimos este punto señalando que a juicio de la presidencia, la cuestión del relacionamiento entre la Organización y la Junta Interamericana de Defensa, contiene en sí misma los siguientes aspectos:
a) Político institucional: definir a escala regional un modelo compatible con el aceptado en los ámbitos nacionales como el más acorde con la institucionalidad democrática, esto es, instituciones militares con dependencia de los respectivos órganos políticos.
b) Jurídico institucional: concluir con más de cincuenta años de imprecisión jurídica tal cual lo reconocen no sólo la realidad, sino todos los estudios reallizados en la materia. Imprecisión jurídica que afectó seriamente el aprovechamiento eficaz del instituto militar regional.
c) Técnico profesional: avanzar hacia el máximo aprovechamiento de las potencialidades técnico profesionales de la junta en los marcos de la carta de la Organización y del derecho internacional.
d) Económico-presupuestario: transitar de la mera provisión de recursos al control de su utilización y mejor aprovechamiento de los mismos.
e) Orgánico-funcional: evaluar y en su caso perfeccionar el sistema de organización y funcionamiento de la JID, en orden a un más pleno aprovechamiento de sus capacidades de acuerdo a los criterios que en la materia fije la OEA en el marco de los nuevos conceptos que en materia de seguridad se vayan definiendo.
V. Conclusión
Queremos reiterar que el presente trabajo refleja las opiniones personales de la presidencia, aunque ha tratado de receptar los inestimables aportes brindados a lo largo de este año de trabajo por parte de todas las delegaciones como así también por los invitados especiales que han expuesto ante la misma.
No se trata a nuestro juicio más que de un aporte modesto y provisorio a la continuidad de un esfuerzo que sólo podrá fructificar con la cooperación y la buena voluntad de todos los Estados aquí representados.
La presidencia se siente obligada a agradecer expresamente a los señores embajadores por el apoyo permanente brindado a su tarea, apoyo sin el cual nada hubiera podido avanzarse y menos aún abrir las posibilidades de continuidad que hoy se nos presentan. Vale lo mismo para la Secretaría que con tanta eficacia ha apoyado nuestros trabajos.