LA DEFINICION DE LA POLITICA DE DEFENSA EN CHILE
Dr. Miguel Navarro Meza
El 13 de Abril próximo pasado, el Ministro de Defensa Nacional EDMUNDO PEREZ YOMA, efectuó una presentación ante la Cámara de Diputados -repetida luego en la Academia Nacional de Estudios de Políticos y Estratégicos ante académicos y militares- en la que reiteró la voluntad del Ejecutivo de proceder con la definición de una Política de Defensa Nacional y esbozó al mismo tiempo algunas cuestionbes doctrinarias y lineamientos generales inherentes a tal iniciativa.
Desde luego, la presentación del Ministro constituyó en cierto sentido un hecho histórico, en cuanto fue la primera oportunidad en que se efectúa un planteamiento político concreto en torno al tema de la Defensa, con contenidos doctrinarios a la vez que objetivos específicos. Por otra parte, esta presentación fue la culminación de un largo proceso de debate acerca de la conveniencia de contar con una política de Defensa explícita y en sí, constituyó el inicio del proceso mismo de definición de tal política, en lo que será sin duda la etapa más compleja al tiempo que la más interesante de todo lo referente a la Política de Defensa.
La preocupación de la Política de Defensa surgió a fines de los años 80 en el seno del estamento académico y fue coincidente con la comprensión plena del hecho que todo lo referente al tema militar y a la Defensa sería fundamental para el éxito del proceso de transición a la democracia que entonces entraba en sus etapas culminantes. De ello surgió un enriquecedor debate que permeó, aunque de modo desigual, a los distintos referentes políticos y se concretó en la inclusión de sendos acápites sobre relaciones cívico militares y defensa en los programas que se agitaron para las elecciones generales de 1989. Por su parte el estamento militar, aunque inicialmente reacio a aceptar la inexistencia de un aPolítica de Defensa, a su tiempo advirtió la necesidad de contar con dicha política llegando una institución a efectuar aportes de cierta significación al debate respectivo.
La naturalexa misma del primer gobierno de la transición y la inexistencia de otras prioridades en el ámbito político-militar, impidieron la concresión de avances significativos en el tema de la Política de Defensa. El interregno así generado fue con todo beneficioso, en cuanto posibilitó un mayor desarrollo en el ámbito académico civil, una mayor participación del mundo castrense en el debate y una mejor comprensión e integración del tema en el estamento político, especialmente en la Concertación de Partidos por la Democracia, el referente gubernamental.
Como resultado de lo anterior, la definición de una Política de Defensa se incluyó como objetivo expreso y muy destacado en el programa de gobierno del candidato de la Concertación para las elecciones de Diciembre de 1993, el actual Presidente EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE y en forma bastante menos perfilada en el programa del principal candidato opositor. Una vez asumido el actual gobierno, la voluntad política del Ejecutivo respecto de esta materia se manifestó en las ya referidas intervenciones del Ministro de Defensa ante la Cámara de Diputados y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y en la adopción de iniciativas específicas tendientes a iniciar el proceso de definición de la política respectiva.
En una perspectiva amplia, la oportunidad para definir una Política de Defensa y reestructurar el Ministerio de Defensa, iniciativas que aparecen estrechamente ligadas, ciertamente parece especialmente adecuada.
El término de la Guerra Fría indirectamente ha significado el fin de la condición de estabilidad que caracterizó a la situación estratégica de Chile desde comienzos de la década de los años 40, al contribuir al colapso final de los esquemas de seguridad continental vigentes durante los últimos 50 años. Seguidamente, y en íntima relación con lo anterior, los procesos de integración económica y de concertación política actualmente en desarrollo en el Cono Sur, inevitablemente han de tener efecto sobre los aspectos estratégicos y militares inherentes al posicionamiento del país en el sistema regional, en términos de alterar sus tradicionales percepciones de amenaza, especialmente en cuanto a la forma y oportunidad como éstas pueden materializarse; finalmente, aunque no es lo menor, Chile deberá tener un cometido protagónico en los esquemas de seguridad regional que se desarrollarán en el futuro, lo que deberá plasmarse en su Política de Defensa.
Por otra parte, en el ámbito doméstico, la modernización del Estado constituye una tarea prioritaria de la nación y sobre la que existe amplio acuerdo en los referentes políticos.
Fluye de lo anterior la conveniencia y oportunidad de modernizar el Ministerio de Defensa para adecuarlo a las necesidades organizacionales derivadas, tanto de la nueva situación de seguridad internacional en el que ha de ubicarse el país cuanto de la conveniencia de optimizar los recursos disponibles para la función de defensa, especialmente aquellos que corresponden a la inversión de capital. Esta modernización pasa admás, por la definición de las competencias directivas superiores que el escalón político civil corresponde dentro de la estructura de la organización política de la defensa.
Además, todo lo expresado queda enmarcado en la naturaleza del proceso de transición a la democracia, cuyo éxito corresponde por igual al estamento político y al mundo militar en términos de generar un especial sustrato de colaboración potencial entre ambos estamentos el que resulta indispensable en la consecución de las iniciativas actualmente en curso.
Constituye una verdad axiomática, que todo proceso de defiición de una Política de Defensa, está condicionado por factores internacionales y por elementos políticos domésticos. Ningún país es enteramente libre para definir su política respectiva. Cuestiones tales como tamaño, ubicación geográfica, intereses internacionales, capacidad militar, situación financiera y otros, limitan y acotan el ámbito en el cual se puede definir la Política de Defensa. Por otra parte, la definición misma de tal política, está condicionada por los procesos políticos domésticos del país y no puede escapar a su ritualidad y su circunstancia.
Todo estro es aplicable al caso chileno. Desde luego, la Política de Defensa estará acorde con la situación gográfica del país y deberá tomar debidamente en cuenta la dinámica de las relaciones de seguridad en la región, pasadas y previsibles. Igualmente, deberá aludir a las cuestiones de seguridad hemisférica y ser concordante con la tradicional posición de status-quo e irrestricto respeto al Derecho Internacional que han caracterizado a Chile a lo largo de su historia republicana. No menos relevantes son los factores globales que inciden en la definición de la política respectiva, especialmente aquellos derivados de los esquemas amplios de seguridad internacional, del cometido de las Naciones Unidas, de los términos de la diplomcia preventiva y -tratándose de un país cuya economía está orientadad a la exportación- los patrones previsibles de desarrollo del comercio mundial y sus efectos de seguridad.
Tanto o más significativos son, sin embargo, los antecedentes domésticos que inciden en el proceso de definición de la Política de Defensa.
Toda la función de defensa se desarrolla dentro de un marco legal estrecho y de considerable rigidez. Esto se aplica a las definiciones básicas de dicha función y se extiende a los aspectos organizativos de la misma. Pr cierto estas características del marco normativo de la defensa obedecen a la experiencia histórica reciente del país y se concreta tanto en la Constitución Política como en la normativa especial que regula los aspectos de detalle de la existencia, estructura básica e integración de las Fuerzas Armadas.
Seguidamente y como fundamento de lo anterior, subsisten ciertas percepciones ideologizads sobre la función de defensa y su concresión política en ambos extremos del espectro partidario, las que se extienden en alguna medida a las Fuerzas Armadas. Esto es también resabio de la experiencia histórica cercana del país mas también se nutre de reacciones corporativas y reticencia a los cambios, especialmente en este particular ámbito de la defensa en el que entrecruzan fenómenos de la más amplia diversidad.
En tercer lugar, el nivel de desarrollo teórico en el tema de la Política de Defensa y en el de la Organización Política de la Defensa es comparativamente bajo; paralelamente, se advierte una disminución de la investigación independiente sobre los mismos tópicos y el mundo académico se ve afectado por tendencias a asumir protagonismos excluyentes que inevitablemente limitan la producción intelectual sobre la Defensa y sus manifestaciones políticas y organizacionales. Además, la mayor parte de esta producción -o al menos aquella que está disponible para el debate político- proviene del mundo académico civil y en consecuencia se ve afectada por su aceptación por los fenómenos corporativos ya aludidos; a mayor abundamiento, las iniciativas civiles son por su mismo origen más audaces y por lo mismo contribuyen más a incentivar el debate y el progreso en este ámbito que aquellas que provienen del estamento castrense, más afectado por su estructuración jerárquica y la tendencia al dogmatismo institucional.
Por otra parte, la preocupación que existe en el estamento político por los temas de la defensa es muy similar. En general, los partidos de la coalición de gobierno han demostrado un interés considerable por todo lo referente a la relación civil-militar, por las cuestiones financieras inherentes a la función de defensa y por temas estratégicos derivados del posicionemaiento internacional del país; la centro-derecha por su paret ha centrado su preocupación solamente en los aspectos constitucionales relativos a la condición de los comandantes en jefes de las fuerzas armadas y algunas otras cuestiones coyunturales, sin evidenciar mayor interés por los temas básicos de la defensa en general, respecto de los cuales algunos personeros han manifestado incluso la inconveniencia de analizarlos. Previsiblemente, esta situación ha significado una gran disparidad de estudios e iniciativas sobre estos temas en los dos referentes políticos, lo que evidentemente conspira contra el logro de los necesarios consensos para definir la Política de Defensa y la rteorganización del Ministerio. Esto es particualrmente significativo en cuanto la definición de tal política y sobre todo en su implementación, así como la concresión de las iniciativas referentes del Ministerio, requerirán modificaciones a la legislación vigente; así, los consensos necesarios no solamente han de manifestarse en el plano doctrinal, sino también en decisiones parlamentarias específicas.
Todo lo anterior, revela que el proceso de definición e implementación de la Política de Defensa y las iniciativas anexas, constituyen un considerable desafío para todos lños estamentos involucrados. Para el Ejecutivo ello importará prudencia, sapiencia, y una considerable dosis de voluntad política; los referentes políticos deberán extremar sus esfuerzos intelectuales y en algunos casos abandonar posiciones de sosegado dogmatismo; el estamento castrense tiene un papel fundamental que jugar en cuanto aportar los componentes intelectuales básicos sobre los aspectos técnico-militares inherentes a la cuestión de defensa, sin los cuales no es posible definir tal política y, en fin, el mundo académico debe contribuir con su aspecto doctrinario sobre los aspectos políticos, -y buena parte de aquellos de carácter técnico- de tal función y muy fundamentntalmente con la concresión de los consensos necesarios en el seno del estamento político.
El desafío es formidable e implica además una buena porción de generosidad política y personal. Pero no cabe duda que este ejercicio es en sí una excelente oportunidad para la consagración definitiva de la colaboración real y efectiva de todos los niveles involucrados, consolidando de este modo lo que formalmente establece el ordenamiento constitucional de la República.